Instituto Federal de Telecomunicaciones

ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO, CONDUCTOR: Pero, diputado, déjame aterrizar, entrar un poquito más a fondo sobre este análisis y revisión de los organismos que se pretenden desaparecer con esta iniciativa. Revisábamos ya el caso del INAI, pero también hay otro instituto que está incluido en esta reforma, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

¿De qué nos sirve a los mexicanos este instituto? ¿Pueden sus funciones pasar a la de la Secretaría de Infraestructura? Por ejemplo, vamos a escuchar al Comisionado del IFT, Arturo Robles, y regresamos con ustedes.

ARTURO ROBLES, COMISIONADO DEL IFT: El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, es un organismo autónomo que tiene como funciones el desarrollo eficiente en telecomunicación y radiodifusión. Es también, autoridad en materia de competencia económica en ambos sectores. Es decir, somos un árbitro que regula y vigila que los servicios de internet, telefonía, televisión de paga, televisión abierta y radio se ofrezcan a los mexicanos en condiciones de competencia, para que obtengan servicios de mayor calidad y a menor precio.

El IFT fue dotado de autonomía constitucional para garantizar la independencia en sus decisiones y que éstas fueran tomadas bajo criterios estrictamente técnicos y no bajo presiones políticas o económicas. La regulación emitida por el instituto, a 10 años de su creación, ha permitido que los precios del servicio móvil bajaran 50%.

Recordemos cuántas personas tenían línea celular en el 2013 y cuánto pagaban por ello. La regulación, la competencia y la disminución de precios ha hecho posible que, en una década, aumentaran de 27 a 120 millones las líneas con Internet móvil.

Hoy nos cuesta lo mismo hablar a Estados Unidos o Canadá que una llamada local. Estos resultados no se han obtenido en otros países, a pesar de la evolución tecnológica global. Las medidas impuestas por el IFT han propiciado que más empresas quieran invertir y competir para darnos estos servicios a precios más asequibles.

Para muestra, el número de accesos de internet fijo aumentó de 12 a 27 millones de accesos entre 2013 y 2023. En televisión abierta pasamos de 331 a mil 300 canales, lo que se traduce en mayor pluralidad de voces y opiniones tan necesarias en una democracia.

Todos estos cambios han generado ahorros a los mexicanos por más de 728 mil millones de pesos. Regresar a un modelo donde el regulador dependía del Ejecutivo ya se probó durante 20 años, sin tener los resultados esperados. Las condiciones de los mercados no cambiaron, no había competencia en igualdad de condiciones y el gobierno regulaba bajo criterios políticos.

Optar por un modelo antiguo, no sólo sería un retroceso, sino que mermaría la competencia y la calidad de los servicios, y por ende tendría un impacto en los precios y en las condiciones en que se ofrecen estos servicios a los mexicanos.

El presupuesto del IFT se redujo más de 40% en los últimos 10 años. Por cada peso que ejerce el Instituto para su operación, genera beneficios por cerca de 46 pesos para las y los mexicanos.

¿Cuáles serían los ahorros reales si la Secretaría de Infraestructura asume todas las funciones del IFT? Y, ¿cuál sería el costo de esta decisión para los mexicanos? Eso es lo que está en juego con una reforma como la que se plantea.