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Órgano Interno Control


La declaración de situación patrimonial y de intereses, tiene su fundamento constitucional en el artículo 108, quinto párrafo de la Carta Magna y tiene por objeto, por un lado, posibilitar el seguimiento de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas, con la finalidad de garantizar que éstas se desempeñan en el servicio público con total honestidad, para beneficio de la Sociedad mexicana en su conjunto y, por otro lado, prevenir y detectar la posibilidad de actuación de las personas servidoras públicas bajo conflicto de intereses, mismo que supondría una desviación a los principios que rigen el servicio público.

La regulación de la declaración de situación patrimonial y de intereses se encuentra contemplada en los artículos 26 a 42 y 46 a 48 de la LGRA, así como en la normatividad que, en seguimiento a dichos preceptos, ha emitido el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.



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