Entrevista del Comisionado Ramiro Camacho a Ibero Radio. Tema: Controversia constitucional.
MARIO CAMPOS, CONDUCTOR: Vámonos a nuestra primera entrevista de esta mañana con Ramiro Camacho, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Ifetel. Qué tal, Ramiro, muy buen día, ¿cómo está, Comisionado?
RAMIRO CAMACHO, COMISIONADO IFT: Que tal, buen día, Mario, un placer estar en tu programa.
MARIO CAMPOS: Gracias. Pues varios temas que revisar con usted, uno de éstos es el recurso que presentaron sobre el tema del padrón de telefonía móvil, que es interesante, porque como hacen de pronto luego los legisladores, les envían el paquete de armar el padrón, pero entiendo que eso, entre otras cosas, no estaba acompañado del presupuesto para poder armarlo.
RAMIRO CAMACHO: Sí, de hecho, es una de las cuestiones que estamos incluyendo en la controversia constitucional, la falta de presupuesto, lo cual, podría ser una violación de la autonomía del instituto, porque ya, todo el presupuesto que teníamos asignado para este año pues ya está asignado a tareas regulatorias y digamos, el mandato tradicional del Instituto.
Entonces, no tenemos presupuesto, y además hay cuestiones adicionales como, que vienen en la reforma, que podrían afectar las facultades del Instituto, por ejemplo, para garantizar los servicios de telecomunicación, etcétera, y hay varios temas que todavía estamos analizando.
MARIO CAMPOS: ¿Cómo esperan que proceda, digamos? Una vez que se presenta la controversia, ¿qué pasa, se suspende temporalmente el mandato hasta que se resuelva, hay plazo para ello? Porque entiendo que, en el asunto de las controversias, a veces se puede alargar mucho hasta que termina siendo turnado en la Corte, pero mientras, ¿qué pasa con la institución y lo aprobado por la ley?
RAMIRO CAMACHO: Pues mientras, es posible que la Corte dé una suspensión, pero de eso no hay ninguna seguridad de eso. Por lo pronto, el decreto sigue siendo ley, mientras no haya suspensión y no haya una restricción de la Corte, el decreto sigue siendo vigente y nosotros vamos a trabajar en elaborar los lineamientos.
Se nos dan seis meses para elaborar los lineamientos, y ahí se tienen que decidir todas las cuestiones, por ejemplo, de que datos biométricos se tendrían que pedir, etcétera. Entonces, nosotros ya iniciamos, de hecho, la elaboración de los lineamientos.
ALFONSO CERQUEDA, COLABORADOR: Comisionado, muy buenos días, le saluda Alfonso Cerqueda. Yo quisiera preguntarle, la Coparmex se acaba de sumar a esta petición, se espera que algunas, que más organizaciones se sumen a esta petición, ¿y cómo podría ayudarles en este proceso?
RAMIRO CAMACHO: Pues en realidad, este es un procedimiento ante la Suprema Corte, no es tanto una cuestión de, digamos, por lo menos en esta parte legal, no es una cuestión de apoyos, pero sí, digamos, nosotros simplemente estamos en la cuestión de vigilar por nuestra autonomía, digamos, de garantizar que el Instituto conserve su autonomía y que cumpla con su mandato constitucional, digamos, estamos más en una cuestión jurídica en este momento.
MARIO CAMPOS: Bueno, este es uno de los temas centrales, ¿qué riesgos ve? Una parte es la del asunto presupuestal, y lo que dice en términos de las atribuciones, ¿pero qué riesgos ve, Comisionado para la puesta en marcha de este padrón? Hemos escuchado aquí a organizaciones de sociedad civil que advierten desde problemas, lo que implica la gestión de la seguridad de la información, el tema por supuesto de las responsabilidades que implica el que ustedes tengan una base de datos a la que podrían eventualmente tener acceso autoridades en materia de seguridad, cómo lo ve usted, qué le preocupa, Comisionado.
RAMIRO CAMACHO: Bueno, una de las cuestiones con el costo, por ejemplo, es que la base de datos tiene que ser a prueba de todo tipo de hackeos, tiene que tener redundancia, además de que, la base en sí misma tiene que ser muy grande, va a incluir 120 o más millones de teléfonos con toda una serie de sistemas para que las compañías telefónicas den de alta y baja a personas y para que las autoridades consulten los datos, y todo tiene que ser de una forma muy segura.
Entonces sí es un sistema muy caro y, no tenemos presupuesto para eso, y además hay otras cuestiones, por ejemplo, los derechos de las audiencias, nosotros por la Constitución tenemos el mandato de garantizar que los usuarios tengan acceso a las tecnologías de información y garantizar la continuidad de los servicios, entonces es probable que tengamos, si el decreto continúa como está, es probable que en algún momento tengamos que negarles o cortarle el servicio a los usuarios, a algunos usuarios, y eso podría ser contrario a nuestro mandato.
Por ejemplo, me refiero nada más en el caso del RENAUT antiguo, no sé si se acuerdan de la época de hace 15 años, algo así, también existía algo parecido de que, en cierto momento, si no se habían registrado los datos, si no se habían dado de alta los datos de las personas, se tenía que desconectar a los usuarios, y llegó un momento en que alrededor de 25 millones de personas iban a ser desconectadas, es un riesgo bastante importante.
MARIO CAMPOS: De acuerdo, finalmente, Comisionado, a reserva de que este es un tema que en sí mismo merece que le dediquemos tiempo, lo vamos a platicar de hecho en unos instantes con Beatriz Solís, pero qué opinión le merece, si es que ya tiene alguna posición sobre esto, el que la Suprema Corte les regrese la posibilidad de regular el tema de derechos de las audiencias.
RAMIRO CAMACHO: Pues mira, nosotros sí hemos estado siguiendo la controversia, nosotros emitimos unos lineamientos en el 2017 bajo el supuesto de que nosotros teníamos las facultades que nos daba la ley, después hubo controversias constitucionales, hubo una reforma, aparentemente en esa Reforma a la ley nos quitan las facultades, se cambia un sistema de autorregulación, y ahora la Corte nos regresa las facultades y vamos a emitir, digamos, no hemos decidido si vamos a retomar los mismos lineamientos del 2017 o vamos a emitir unos nuevos, eso lo vamos a decidir en los próximos días ya analizando la decisión de la Corte, pero digamos, nosotros vamos a cumplir con lo que nos mandata la corte en esta decisión del día de antier, si no mal recuerdo.
MARIO CAMPOS: Bueno, pues vamos a seguir atentos a esto, a ver cómo se va desarrollando. Yo le agradezco, comisionado, que nos haya tomado esta llamada.
RAMIRO CAMACHO: Te agradezco, muchas gracias.
MARIO CAMPOS: Gracias, es el Comisionado Ramiro Camacho, del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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Entrevista del Comisionado Ramiro Camacho a La Octava. Tema: Controversia constitucional
MANUEL DE SANTIAGO, CONDUCTOR: Y hablando justamente, mire, de este Padrón de Usuarios de la Telefonía Móvil, ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que su Pleno aprobó interponer una controversia constitucional en contra de las disposiciones del decreto de creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, el famoso PANAUT, que ha provocado toda una polémica por principalmente la recopilación de datos sensibles, considerado así por la doctrina de datos personales que tienen que ver con los datos biométricos. Esto evidentemente ha sido materia de la discusión en los últimos días y ayer, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó presentar una controversia constitucional en la materia.
Para hablar del asunto está con nosotros esta mañana el Comisionado del IFT, Ramiro Camacho Castillo. Comisionado, buenos días.
RAMIRO CAMACHO CASTILLO, COMISIONADO IFT: Qué tal, muy buenos días, Manuel, que costó estar en tu programa.
MANUEL DE SANTIAGO: Gracias, qué gusto saludarle, el programa de Carmen, más bien, pero que hoy tenemos, ante la ausencia de la querida Carmen, que se encuentra haciendo una investigación periodística de largo aliento de la que ya informaremos en este espacio.
Comisionado, cuéntenos por qué interpondrá el IFT de una controversia constitucional ante la Suprema Corte en torno a este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Sí, pues mira, después de analizar el decreto que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, creemos que se podrían estar invadiendo atribuciones del IFT y se puede estar comprometiendo nuestro mandato establecido en la Constitución, básicamente, el mandato de garantizar los derechos de acceso a los servicios de telecomunicaciones, y nuestra autonomía para ejercer el presupuesto, por eso ayer tomamos esta decisión.
MANUEL DE SANTIAGO: Ahora, esta decisión que adoptó ayer el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues tiene, digamos, efectos inmediatos, ¿cuándo se presentará esta controversia constitucional?
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Ayer se aprobó autorizar al Presidente del Instituto presentar la controversia, debe estar sucediendo de aquí al 28 de mayo, que es el último día para presentarla.
MANUEL DE SANTIAGO: Ahora, esta controversia, como usted nos está señalando, tiene que ver justo con el tema de los recursos económicos, porque el Instituto se encuentra en este momento sin recursos para poder destinar al famoso PANAUT. ¿Hay un pronunciamiento o está en el ámbito de las competencias del IFT el tema que tenga que ver con el asunto de los datos biométricos, o eso corresponde más bien al INAI?
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Bueno, la reforma establece, que bueno, que el instituto va a decidir qué tipo de datos biométricos se van a pedir, entonces, esto corresponde a los lineamientos que tenemos que emitir durante los primeros seis meses, entonces, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no decide otra cosa, nosotros estamos trabajando, ya estamos trabajando en la emisión de los lineamientos, y los lineamientos tienen que estar dentro de seis meses, ahí mismo se va a definir qué tipo de datos biométricos se tienen que pedir.
MANUEL DE SANTIAGO: Ahora, volviendo al presupuesto, ¿cuál es la situación económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones al día de hoy?
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un presupuesto, y el presupuesto está asignado ya a todas las labores del Instituto, entonces, nosotros somos reguladores del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, administramos el espectro radioeléctrico, todas las cuestiones técnicas y económicas de competencia de las telecomunicaciones y radiodifusión.
Entonces, todo el presupuesto ya está asignado, y realmente, no tenemos dinero adicional para establecer este sistema, que puede resultar muy caro, porque es un sistema particularmente grande, y, además, requiere capacidades de seguridad muy importantes, digamos, muy estrictas.
MANUEL DE SANTIAGO: ¿Como cuáles, por ejemplo?
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Bueno, tiene que ser un sistema a prueba de todo tipo de hackeo, digamos, tiene que tener una seguridad mucho más fuerte que las bases de datos comunes y corrientes.
MANUEL DE SANTIAGO: Muy bien, pues estaremos pendientes, desde luego, de lo que significa esta controversia constitucional y cuál sea la ruta que siga en relación con el tema del presupuesto, están ustedes evidentemente planteando que no existen recursos económicos para pues darle salida, darle causa a esta que es un padrón que requeriría la erogación de una importante cantidad de recursos financieros.
Ahora, si me permite, Comisionado, ayer también, en relación con el IFT, pues supimos de otra noticia y tiene que ver con lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó y es justamente la confirmación de que el propio Instituto tiene facultades para imponer a las concesionarios de radio y televisión lineamientos que protejan los derechos de las audiencias, esto en relación con un amparo que concedió un juez a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias contra las disposiciones de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Cuéntenos cuál es la reacción del Instituto en relación con esta decisión de la Corte en torno a que ustedes tienen las facultades para imponer esta clase de lineamientos en relación con la protección de los derechos a las audiencias de los medios.
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Pues todavía no conocemos los detalles de la decisión de la corte pero nos vamos a estar analizando en los próximos días, obviamente vamos a cumplir con la disposición de la corte, nosotros ya teníamos hace tiempo unos lineamientos generales sobre defensa de las audiencias, no sé si se acuerden, pero estuvieron, interrumpimos su aplicación por causa de diversas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se dieron en 2017, entonces el procedimiento, digamos, hubo también una reforma a la ley en el 2017 precisamente, y a partir de este amparo de la asociación de defensoría de las audiencias se llegó a esta conclusión.
Entonces nosotros estamos listos, ya sea, para restablecer los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que ya teníamos o emitir unos nuevos.
MANUEL DE SANTIAGO: Sí, estos lineamientos que ustedes aprobaron en 2017, me parece, o por ahí de octubre de 2017, y que después fueron derogados y ahora serían recuperados, o como usted plantea, se harían unos nuevos, se criticaba por parte de diversas organizaciones estos lineamientos que para diferenciar esta información noticiosa de la opinión, la persona debía advertir de qué se trataba, si se trataba de una opinión o si se trataba de una información noticiosa, porque en todo caso, habría esa necesidad de diferenciar de manera expresa, de acuerdo con los lineamientos, lo cual, parecía un poco curioso, por decir lo menos, esta clase de anuncios en donde ya se estaba obligando a los periodistas, a los conductores, a decir: esta es una opinión, esta es una información. ¿Defienden esos lineamientos de 2017?
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: En realidad no hemos decidido sobre si vamos a retomar esos lineamientos o vamos a emitir unos nuevos, la verdad es que el tema sí es muy importante y tiende a ser controversial, por eso vamos a estudiar con cuidado lo que vamos a hacer. Obviamente vamos a emitir unos lineamientos, pero todavía no tenemos los detalles.
MANUEL DE SANTIAGO: ¿Podrían en todo caso convocar a organizaciones de la sociedad civil, defensoras del derecho de la información y de los derechos de las audiencias, para que participaran en un proceso que diera como resultado unos nuevos lineamientos?
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Pues mira, si se decide aprobar unos nuevos lineamientos, por ley tiene que haber una consulta pública, y obviamente el Instituto siempre está interesado en recibir opiniones de todo tipo de partes interesadas y nosotros obviamente estamos abiertos, con la mayor transparencia y la mayor apertura, a recibir una opinión.
MANUEL DE SANTIAGO: ¿Cuándo discutirán el asunto sobre qué hacer?
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: En realidad no tenemos ahora fecha, necesitamos estudiar la decisión de la Corte y realmente no le podría dar una fecha.
MANUEL DE SANTIAGO: Muy bien, pues Comisionado, muchas gracias, vamos a estar pendientes de todo esto relacionado con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en los últimos meses y semanas ha sido objeto de distintos señalamientos y polémicas, sobre todo también, a partir de una declarada intención del Ejecutivo Federal de que sus funciones pasen a las secretarías de estado. Sobre esto ¿cuál es la posición que tiene usted en particular como Comisionado del IFT?
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Mira, yo soy muy respetuoso de las facultades de los poderes, de la Cámara de Diputados y Senadores, del Congreso en general, entonces, no me gustaría pronunciarme, en el Instituto somos más técnicos, nos enfocamos más a las cuestiones técnicas y no tanto a las cuestiones políticas, entonces yo lo dejaría como una cuestión de facultades del Congreso.
MANUEL DE SANTIAGO: Muy bien, pues ahí está la posición, Comisionado Ramiro Camacho Castillo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, le agradezco mucho que se haya tomado unos minutos esta mañana para conversar con el auditorio de Aristegui en vivo sobre esta controversia constitucional; sobre la decisión de la Corte en torno a los derechos de las audiencias, el presupuesto y fin, todo lo que tiene que ver con el Instituto. Muchas gracias.
RAMIRO CAMACHO CASTILLO: Muchas gracias, un placer.
MANUEL DE SANTIAGO: Igualmente Comisionado.
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Entrevista del Comisionado Sóstenes Díaz a ADN40. Tema: Controversia constitucional.
MÓNICA GARZA, CONDUCTORA: Para hablar de este tema hago contacto con el licenciado Sóstenes Díaz González, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muy buen día licenciado, muchísimas gracias por estos minutos.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ, COMISIONADO DEL IFT: Buen día, Mónica, gracias a ti por el espacio.
MÓNICA GARZA: Pues conocer el análisis que ustedes tienen al respecto de este padrón, pues finalmente ha sido un tema muy polémico, y bueno, pues como yo mencionaba hace un momento, mientras esta decisión si se crea o no se crea, corren también cientos, si no es que miles, de amparos en contra de esto.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Así es, Mónica. Como recordarás, el pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, donde se crea precisamente este padrón, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ahora se conoce como PANAUT.
En la revisión que realizó el Instituto al mismo, se determinó y se aprobó el día de ayer por unanimidad en el Pleno, que debíamos promover una controversia constitucional.
MÓNICA GARZA: Sí.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Esta controversia se promueve principalmente por dos motivos. El primero de ellos y el principal, es que se considera que el decreto de esta modificación a la ley puede contener elementos que se contraponen al mandato constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como recordarás, las telecomunicaciones en la Constitución están reconocidas como servicios públicos de interés general, cuya prestación debe ser garantizada por el Estado, y ese es el mandato que tiene a cargo el Instituto.
Ahora, de las modificaciones que se llevaron a cabo a la ley, observamos que hay específicamente una en la que señala que, en caso de que no se lleve a cabo este registro, se solicitará la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía que no hayan sido identificadas o registradas por el usuario.
Entonces esto nos pone en una contradicción porque, por un lado, es obligación constitucional del Instituto garantizar el derecho de acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación, y también a través de esta ley nos mandatan ordenar la desconexión de los usuarios si no se registran al padrón.
MÓNICA GARZA: Claro.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Entonces debido a estas razones consideramos que se han invadido las esferas competenciales del Instituto y se ordenó al área jurídica del Instituto que se promueva una controversia constitucional.
MÓNICA GARZA: Y a partir de aquí, ¿qué sigue, cuánto tiempo puede tomar este proceso?
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Nosotros vamos a promover la controversia, está trabajando el área jurídica en eso, se promoverá dentro de los plazos legales. Entiendo que se solicitará una suspensión del acto, si no se aprueba la suspensión, de todos modos, el Instituto tendrá que seguir con las obligaciones que tiene establecidas en esta modificación a la ley, que es específicamente la de emitir las disposiciones de carácter general a través de las cuales ya se aterrizaría este registro.
MÓNICA GARZA: ¿Y mientras tanto qué pasa con todos aquellos que están solicitando un proceso de amparo?
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Los amparos, como sabes, operan de manera individual.
MÓNICA GARZA: Sí, claro.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Solamente le aplica a la persona que se ampara, por eso es importante la controversia que se está promoviendo porque es una controversia que aplicaría de manera general. Entonces, en caso de que la Suprema Corte nos dé la razón a través de la controversia, será una cuestión que aplicaría de manera general a todos los usuarios.
MÓNICA GARZA: Bueno, pues ahí está, vamos a seguir muy pendientes del desarrollo de esto, de la decisión de la Suprema Corte y, bueno, pues licenciado Sóstenes Díaz González, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, muchísimas gracias por estos minutos.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Muchas gracias a ustedes.
MÓNICA GARZA: Gracias, muy buenos días.
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Entrevista del Comisionado Ramiro Camacho a El Heraldo Radio. Tema: Controversia constitucional.
MARIO MALDONADO, CONDUCTOR: Cambiando de tema. Este asunto polémico del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que se aprobó en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión el año pasado, y bueno, pues entró ya en funcionamiento, este asunto lo pasaron ahí en el Congreso, y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ayer votó en favor de promover una controversia constitucional contra este padrón de usuarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya veremos qué resuelve. Pero para que nos cuenta los detalles, saludo con mucho gusto al Comisionado del IFT, Ramiro Camacho, ¿cómo está, Comisionado? Buenos días.
RAMIRO CAMACHO, COMISIONADO IFT: Qué tal, Mario, buenos días, un gusto estar en tu programa.
MARIO MALDONADO: Igualmente. Pues ayer se decidió de forma unánime en el pleno del IFT que se va a promover esta controversia constitucional con respecto al Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil.
RAMIRO CAMACHO: Pues sí, mira, ayer los Comisionados del Instituto votamos unánimemente por plantear esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, y básicamente lo que hace esta controversia, es plantear que la reforma crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, invade, o podría invadir atribuciones del IFT, podría estar invadiendo atribuciones del IFT, y podría estar comprometiendo nuestro mandato establecido en la Constitución, el mandato es el de garantizar los derechos de acceso a los servicios de telecomunicaciones, además de nuestra autonomía para el ejercicio del presupuesto, y por eso se tomó esta decisión.
MARIO MALDONADO: Pues sí, había sido polémico por el tema de los datos biométricos, esta información que se solicita o se comenzaría a solicitar a los usuarios de telefonía móvil a través de los operadores telefónicos, y bueno, sería el IFT el encargado de administrar y gestionar toda esta inmensa base de datos de información de los usuarios mexicanos, de los teléfonos móviles. Yo creo que vaya, la Corte va a definir en el sentido de que, pues sí, efectivamente se están invadiendo estas facultades del IFT en términos de cómo se planteó esta reforma del padrón móvil.
El asunto de los datos biométricos en particular, Comisionado, digamos, sí es un tema de mucho cuidado, y todavía se tendrían que emitir además los lineamientos por parte de ustedes para que funcionara, comenzara a funcionar este padrón.
RAMIRO CAMACHO: Sí, de hecho, la reforma nos da un plazo de seis meses para emitir los lineamientos, y bueno, salvo que la Suprema Corte resuelva en otro sentido nosotros estamos comenzando ya a definir cuáles van a ser esos lineamientos, y la cuestión de los datos biométricos, por ejemplo, es una cuestión que la reforma deja abierta, a que el instituto decida cuáles datos, o cual información es la que se debe de pedir que las compañías telefónicas deberían pedir. Entonces, es una cuestión que el Instituto tendría que decidir.
MARIO MALDONADO: El IFT tenía conocimiento, digamos, de esta intención de incluir los datos biométricos del padrón de usuarios de telefonía móvil cuando se estaba revisando esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Comisionado.
RAMIRO CAMACHO: Pues, la verdad que sí hubo muchas discusiones, hubo mucha comunicación con la Cámara de Diputados acerca de cuestiones técnicas, hubo reuniones, hubo opiniones, y sí se plantearon muchas opciones, entonces, sí sabíamos que se estaba pensando establecer este requerimiento.
Ahora, una de las cuestiones que el Instituto, que refirió a los diputados, fue el antiguo, la experiencia del antiguo RENAUT, que como ustedes saben, fue un intento fallido de establecer un registro de telecomunicaciones, y bueno, a partir de ahí, los diputados decidieron introducir datos biométricos, porque, bueno, todos los problemas técnicos que plantea la verificación de la identidad de las personas.
MARIO MALDONADO: Sí, efectivamente, este RENAUT fracasó, y además, se filtraron los datos ahí en el mercado negro, y los datos, digamos, de las personas, de los usuarios que estaban inscritos en este padrón, y que bueno, terminó siendo un fracaso auténticamente este nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pues también apuntaba al fracaso, la verdad, es que se veía muy complicado, cuesta arriba que pudiera funcionar, y además de todo, pues a algunos usuarios comenzaron a interponer estos amparos y estas suspensiones que se les otorgaron por parte de los jueces, que bueno, como dicen tienen su derecho los ciudadanos también de no querer proporcionar los datos a un operador telefónico, y luego quién sabe qué iba a suceder con esta información.
En fin, es todo un tema, cuáles son un poquito los tiempos legales finalmente, Comisionado, para que se resuelva este asunto, cuándo le darían entrada allá a la Corte para ver si lo declaran inconstitucional este asunto.
RAMIRO CAMACHO: Pues, si la memoria no me falla tenemos hasta el 28 de mayo para interponer esta controversia, es una, digamos, el Pleno lo que decidió ayer fue autorizar al Presidente a que presente la controversia, fue un paso intermedio, la controversia se va todavía a elaborar y se va a presentar en los próximos días, tenemos todavía hasta el 28 de mayo, de este mes.
MARIO MALDONADO: OK, muy bien, pues estaremos dándole seguimiento todo este tema que ha sido polémico y que ha llamado mucho, mucho la atención de los usuarios de telefonía móvil. Gracias, Comisionado Ramiro Camacho, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
RAMIRO CAMACHO: Gracias, buenos días, un gusto estar contigo.
MARIO MALDONADO: Hasta luego, Comisionado del IFT.
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Entrevista del Comisionado Arturo Robles a Enfoque Primera Emisión. Tema: Controversia Constitucional
MARIO GONZÁLEZ, CONDUCTOR: El IFT va a interponer una controversia constitucional en contra del decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Esto se suma a otros amparos que ya han surgido de empresas y también de usuarios. Vamos a conversar de esto con Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Arturo, gracias por estar con nosotros.
ARTURO ROBLES, COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: Buenos días Mario, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
MARIO GONZÁLEZ: ¿Por qué una controversia constitucional, Arturo?
ARTURO ROBLES: La controversia constitucional básicamente es para que garanticemos los derechos de acceso de todos los mexicanos a los servicios de telecomunicaciones.
¿Qué quiero decir con esto? La controversia, como ustedes saben, o como puede saber tu audiencia, es para defender las atribuciones que tiene cada una de las instituciones que conformamos el Estado mexicano.
En este caso, el mandato que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones es, por un lado, el correcto desarrollo del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, pero siempre cumpliendo con el artículo seis y siete de la Constitución que dicen que, el Estado debe garantizar los derechos de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
En este caso, la iniciativa de Ley para el Padrón considera o mandata que si a los dos años algún usuario no ha completado el registro se tiene que dar de baja esa línea y eso obviamente va en contra de lo que nos mandata la Constitución.
MARIO GONZÁLEZ: O sea, ¿es retroactivo eso también?
ARTURO ROBLES: Esto más que retroactivo es a partir de ahora tenemos dos años, o tienen los usuarios dos años para completar este registro...
MARIO GONZÁLEZ: Sí, pero no importa que yo lo haya comprado hace cinco años.
ARTURO ROBLES: Ah, no, exactamente.
MARIO GONZÁLEZ: O sea, sí me aplica retroactivamente, ¿verdad?
ARTURO ROBLES: Sí aplica, es como cuando hay que renovar unas placas, una credencial, aunque ya la hayas tenido, a menos que sea permanente, cada equis tiempo la tienes que renovar y si no la renuevas pues, la cancelan.
En este caso el padrón consideraba, o la ley considera, que si a los dos años no has completado el registro se tiene que desconectar y eso obviamente afectaría el mandato de conectar a todos.
MARIO GONZÁLEZ: Estoy conversando con Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la controversia constitucional en contra del Padrón de Telefonía Móvil conocido como PANAUT.
MARIO GONZÁLEZ: Oye, además de esto, hay un problema de recursos, ¿no? Es inoperable prácticamente. Ustedes han dicho eso cuesta muchísimo dinero, para lo cual, no hay recursos.
ARTURO ROBLES: Efectivamente, otro de los puntos que también se contienen en esta controversia constitucional, que ya fue aprobada por el Pleno en unanimidad para que se apruebe, es que la ley dice que debemos hacerlo con presupuesto que ya tenemos, inclusive para este año, y eso además de que, no nos dan presupuesto adicional va a ser el padrón más grande del Estado, es decir más grande que el del INE, son 120 millones de líneas.
En caso de que esto, como vaya avanzando, pues obviamente eso lleva recursos muy amplios, cientos de millones de pesos, los cuales, en este momento no tenemos y, además la Constitución dice que tenemos autonomía presupuestal, es decir, nosotros planeamos para lo que vamos a hacer un año.
Si de un momento a otro nos ponen una atribución nueva como ésta, además de tal tamaño, pues nos quedamos sin recursos para hacer todo lo demás que tenemos que seguir cumpliendo con todos los mexicanos de cuidar que las telecomunicaciones se presten bien, que no suban los precios indiscriminadamente, que tengan buenos servicios, eso lo tendríamos que descuidar, para ahora dedicar esos recursos al Padrón, que además no tenemos; 40% se nos ha reducido el presupuesto desde el inicio de la administración, estos son más de 500 millones de pesos.
MARIO GONZÁLEZ: ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Pues no es como una página de Excel y así, meterle los datos, ¿no? Es algo mucho más complejo, supongo.
ARTURO ROBLES: Es mucho más complejo, Mario, sería la base de datos de 120 millones de personas, las cuales, tendrían que contener nombre, dirección, una validación biométrica que esto es para evitar que alguien llegue con una identificación de Mario González y no sea Mario González y al validarlo con biométrico, con una huella dactilar, por ejemplo, pues ya el INE o alguna entidad podría validar que eres tú.
Pero más allá de eso son 120 millones de registros, los cuales, mínimos sólo los equipos son 700 millones de pesos aproximadamente, todo esto más el software que tienes que tener para resguardar esta información. Esta información muy importante que esté resguardada, que esté bien protegida y por eso cuesta tanto hacer un registro de este tamaño. Sería el registro más grande de México, más grande aún que el INE.
MARIO GONZÁLEZ: Bueno, esto se suma a ya lo hecho por el INAI también, ¿verdad?, que controversia, una acción de inconstitucionalidad contra el padrón, ellos básicamente por los datos personales.
ARTURO ROBLES: Exactamente, hay una diferencia que a veces es poco clara entre una acción de inconstitucionalidad y una controversia. La acción de inconstitucionalidad, que no podemos interponer en el IFT, porque no tenemos esas facultades, y que interpuso el INAI, es para que no se viole algún derecho en la Constitución o que no le den a alguien más una atribución que le corresponde, en este caso, el INAI, eso es lo que el INAI está metiendo para la parte de datos personales.
En nuestro caso, la controversia es cuando se nos invaden facultades, es decir, algo que se nos está manifestando va en contra de nuestras facultades, en este caso en contra de conectar a todos.
MARIO GONZÁLEZ: Sí, depende el actor, el tipo de instrumento que puede usar legal para protegerse. Ahora. Es Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La pregunta de las preguntas, yo creo, sobre este tema, más allá de los costos que, ya vemos, no hay, no se asigna un presupuesto, lo cual es un gravísimo error, ¿cómo puedes pensar algo que no tienes calculado? Más allá de las atribuciones y de los datos personales, todos estos elementos importantes, sin duda, ¿un padrón de este tipo serviría, en todo caso, para lo que fue diseñado, para lo que fue legislado o ni siquiera alcanza para eso?
ARTURO ROBLES: Te comento, Mario, técnicamente un padrón es relacionar un número, un número de teléfono con una persona que lo registra. Esto sí se hace alrededor del mundo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, seguramente gran parte de tu audiencia o los que han podido comprar un chip en otro lado del mundo les han pedido un pasaporte, les ha pedido alguna identificación.
Esto sí se hace, la diferencia en el de México es que el padrón, como viene la ley, considera que hay validaciones biométricas para saber que el que te la está presentando está; con eso lo que se puede obtener es un número, ahora, esta parte sí se puede lograr.
La otra parte, que es la que les corresponde a las autoridades de seguridad es comprobar que efectivamente al estar vinculado un hombre pues eso va a evitar que haya más delitos y eso es lo que está por comprobarse por las autoridades de seguridad.
MARIO GONZÁLEZ: Es la pregunta que le hice a los legisladores responsables de esta legislación que e incluso, perdón, también al Subsecretario de Seguridad que impulsaba esta ley ¿Qué pasa si yo, Mario González? Ya que usamos ese nombre de ejemplo, que me es están cercano, voy y compró 50 chips, 50 líneas telefónicas, no estoy incurriendo en ninguna ilegalidad porque las pongo a mi nombre, dormir identificación y son 50 líneas telefónicas para Mario González, ahí queda registrado en el padrón con los números y todo, bueno, me voy a mi pueblo en Tequix, Yucatán, llego y vendo a su vez porque tengo ese negocio de estar vendiendo, tampoco está comiendo ilegalidad ¿Qué pasa entonces? Me dicen, “no, pues tendrías que dar de baja y dar de alta a los nuevos usuarios”, lo cual, no va a pasar, estás de acuerdo, Arturo, eso es muy difícil que vaya a suceder, como si compráramos un vehículo, pues no, ni siquiera con los vehículos llega a pasar, imagínate con una línea telefónica de equipo, pues es imposible.
ARTURO ROBLES: Los responsables en este caso, y así es como está estipulado, inclusive ahora en vender y distribuir los propios chips, son los agentes autorizados por cada una de las empresas, es decir, las empresas telefónicas tienen tus propios distribuidores. En este caso, como mencionas, la reventa de estos chips no estaría, cobijada en lo que ya mandata la ley que tienen que ser distribuidores autorizados quienes distribuyan los chips.
Pero más allá de ello, Mario, imagínate que, por estos chips, por no estar completos, por no estar registrados se va a desconectar, entonces estas 50 personas se desconectarían, no estarían conectadas en algún momento y entonces este pueblo su puesto quedaría incomunicado.
Ese es uno de los temas también por los cuales la controversia se tiene que valorar y corresponderá a la Suprema Corte decidirlo. Es decir, ¿el tamaño de la medida es proporcional a lo que se quiere lograr, desconectar usuarios es la manera de evitar estos delitos, así se va a conseguir los resultados que están? Y sobre esa valoración es lo que se tiene que hacer.
Probablemente hay otros mecanismos para evitar los delitos sin tener que desconectar usuarios, que sería, pues prácticamente ponerse a decidir entre un derecho fundamental y otro.
MARIO GONZÁLEZ: Pues siempre habrá la manera de darle la vuelta a la ley y ese tipo de cosas, somos especialistas en eso los mexicanos. Está prohibido tener líneas telefónicas en los centros de reclusión y es donde surge la mayoría de las llamadas para extorsión y ese tipo de cosas, es decir, si aplicáramos la ley pues no tendríamos este problema desde los centros de reclusión, así de simple, pa’ qué hacer un padrón que va a afectar al usuario cuando hay elementos que pueden ser echados a andar y no son echados a andar. Vaya, es toda una polémica, pero es interesante conocer la parte técnica. Arturo, te agradezco mucho.
ARTURO ROBLES: Gracias a ti Mario. Gracias por la oportunidad y gracias por el espacio para comunicarle a los usuarios que estaremos atentos a defender sus derechos y a que no se desconecten.
MARIO GONZÁLEZ: Muy bien. Arturo Robles es Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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Entrevista del CP Adolfo Cuevas a El Heraldo TV. Tema: Controversia Constitucional
DARÍO CELIS, CONDUCTOR: Precisamente, para conversar sobre este tema saludo con mucho gusto a Adolfo Cuevas, él es el Comisionado Presidente de este Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Adolfo, me da gusto saludarte.
ADOLFO CUEVAS, COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: Igualmente, gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio.
DARÍO CELIS: ¿Por qué van a presentar este recurso de inconstitucionalidad?
ADOLFO CUEVAS: La controversia constitucional tiene como propósito defender las atribuciones ante una merma o afectación que pueda surgir por actos de otros poderes. En este caso vemos dos aspectos centrales.
Uno que tiene que ver con la afectación a nuestra autonomía presupuestaria y de gestión en el siguiente sentido. Nosotros tenemos un presupuesto ya autorizado de mil 510 millones que hemos, conforme a las normas que rigen a la hacienda, a los recursos de la hacienda pública, estructurado en diversas partidas para cumplir los propósitos del Instituto.
Sin embargo, el mandato del Congreso, al aprobar la creación del PANAUT en la Ley de Telecomunicaciones implica que, así lo dice expresamente, que implementemos el PANAUT con los recursos que ya tenemos.
¿Eso qué quiere decir? Que nos está imponiendo la minuta aprobada en el Senado cómo ejercer el presupuesto, no permitiéndonos al IFT estructurarlo, como ya lo habíamos hecho, como ya lo hicimos, de hecho.
Eso implicaría que no pudiésemos cumplir otros fines institucionales y, evidentemente, nos coloca en una situación de práctica e imposibilidad material, puesto que el costo del sistema entero del PANAUT es del orden de cientos de millones de pesos frente a un presupuesto del IFT de mil 510 millones.
El otro aspecto, Darío, para conocimiento de tu auditorio, tiene que ver con la afectación probable a derechos constitucionales de los usuarios en relación con las facultades del Instituto.
Tenemos el mandato de desarrollar los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y precisa el artículo 28 constitucional que esto debe realizarse para garantizar los derechos que a los mexicanos dan los artículos 6 y 7 constitucionales donde está, precisamente, contenido el acceso a las telecomunicaciones.
De tal manera que nuestra facultad de desarrollar el sector telecom, brindando acceso a los mexicanos, como ha venido ocurriendo, puede verse comprometido con algunas medidas que están en la reforma que crea el PANAUT, por ejemplo, y centralmente hemos conversado los Comisionados, el tema de la desconexión obligada que tendríamos que hacer para aquellos que no se registren después de dos años, esto podría afectar, y te lo digo por el referente que ocurrió hace una década con el fallido RENAUT, en un registro similar, a decenas de millones de usuarios, y este tema nos preocupa, por eso interpusimos la controversia, para proteger esos derechos.
DARÍO CELIS: ¿Cuál sería la ruta crítica que seguiría ese recurso de inconstitucionalidad y qué posibilidades hay de que puedan obtener favorablemente una sentencia?
ADOLFO CUEVAS: Tendríamos que interponerlo hacia finales de este mes, en el plazo que prevé la norma, que es de 30 días hábiles, y de ahí evidentemente seguir el proceso ante la Corte para la resolución de la misma, que no podría anticipar los tiempos, suelen ser de varios meses.
Sin embargo, en el inter, nosotros evidentemente también pediremos la suspensión por lo comprometida que puede ser la situación, no sólo para el IFT, si no tenemos el recurso, pero tenemos que implementar el padrón estamos materialmente imposibilitados, pero a la vez, los actores del sector, los operadores de telecomunicaciones tendrían que hacer erogaciones para implementar lo que le corresponde y todo esto podría ser enormemente complejo si ellos desarrollan la parte que les toca del sistema, pero el IFT, no está listo por falta de recursos.
En ese sentido, pediremos la suspensión, esperemos contar con la comprensión para que la Corte valore y pondere entre estos derechos, los efectos de seguridad que nos interesan a todos, pero también los aspectos del derecho de acceso a las telecom que es, además, un medio, las telecomunicaciones, que hace posible el ejercicio de otros derechos, como lo vimos en la pandemia, el acceso a la información, a la salud, a educación, incluso, al trabajo, mucha actividad laboral se llevó a cabo en línea.
En ese orden de ideas, es que esperamos contar con la comprensión de las señoras y los señores ministros para que den una resolución que restablezca un equilibrio necesario en un tema tan delicado en este conflicto de derechos e intereses que nos conciernen a todos.
DARÍO CELIS: Finalmente ¿cuál sería el impacto para el usuario de las telecom el que el regulador, o sea ustedes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, distraiga recursos para la creación de un padrón?
ADOLFO CUEVAS: Si tuviésemos que el costear el padrón, que puede ser cercano a los 800, 900 millones de pesos, eso consumiría dos terceras partes de nuestro presupuesto, no teníamos siquiera para pagar la nómina de trabajadores, mucho menos para realizar a cabo cualquier otra acción.
Por ejemplo, tenemos licitaciones en curso para desarrollar el 5G en México, que es una tecnología promisoria que posibilitará nuevas oportunidades de desarrollo en muchos sectores, simplemente, no podríamos hacer nada, quedaríamos atados, por eso es que lo vemos como una defensa de nuestras atribuciones en materia presupuestaria y para conducir de forma apropiada y en equilibrio con otros derechos el tema del acceso a los servicios de telecomunicaciones.
DARÍO CELIS: Adolfo Cuevas, Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, te aprecio mucho estos minutos, muchas gracias por la entrevista.
ADOLFO CUEVAS: Al contrario, a ustedes por este espacio, muy amable.
DARÍO CELIS: Hasta pronto.
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Entrevista del Comisionado Arturo Robles a Radio Fórmula. Tema: Controversia Constitucional
ÓSCAR MARIO BETETA, CONDUCTOR: Bueno, me da mucho gusto hablar y saludar al doctor Arturo Robles, quien es Comisionado del Instituto Federal de telecomunicaciones. Señor comisionado, gracias, buen día.
ARTURO ROBLES, COMISIONADO IFT: Buenos días, Óscar Mario, un placer saludarte a ti y a tu auditorio.
ÓSCAR MARIO BETETA: Igualmente. Bueno, el IFT ha decidido interponer una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Sobre qué razonamientos? Grosso modo, porque tenemos pocos minutitos, Comisionado, y muchas gracias por su tiempo, ¿pero sobre qué razonamientos asume esta determinación?
ARTURO ROBLES: Gracias, Óscar Mario. Básicamente la controversia es para defender y garantizar el derecho de acceso que tienen todos los mexicanos y que tiene que ser garantizado por el Estado.
¿Qué significa esto? Significa que la ley relativa a este padrón, conocido comúnmente como el PANAUT, establece que, si al término de dos años no se ha completado el registro de una línea, ésta se tiene que desconectar, y esto podría tener un impacto claro en lo que nos mandata la constitución de llevar las telecomunicaciones de forma eficiente y asegurar que todos tengan acceso a los servicios.
Por otro lado, también tenemos la parte presupuestal, sería un padrón, el más grande de México, 120 millones de líneas, más grande que el del INE, y la misma ley dice que lo tenemos que hacer con el presupuesto actual, esto también viola lo que mandata la Constitución en cuanto a autonomía presupuestal, es decir, nosotros tenemos que planificar nuestro presupuesto, solicitarlo, nos lo aprueban y está en función de las labores y tareas que nos mandata la Constitución que debemos de realizar cada año. Si de un momento a otro nos dan una nueva atribución, una tan grande como un padrón de 120 millones de líneas, pues esto afecta obviamente el presupuesto y ya no podríamos atender todo lo que tenemos. Por eso básicamente se está interponiendo esta controversia constitucional.
ÓSCAR MARIO BETETA: Oiga, ¿y cuál sería la clave, señor comisionado, para lograr digamos, seguridad para los usuarios? En cuanto privacidad, y, pues evitar que mal utilicen su teléfono, si es robado, como tantas veces sucede, y por otro, por otro lado, que las autoridades federales tengan un padrón que no vaya más allá de la violación de estos derechos, ¿hay algún equilibrio que se pueda dar, que se puede lograr para pues beneficiar al usuario y dar seguridad también a los dueños de los teléfonos móviles, pero también que las autoridades tengan un banco de datos, pues mucho mejor y mayor, y que no pueda ser mal utilizado?
ARTURO ROBLES: Justo es una excelente pregunta y es el meollo del asunto, Mario, ¿cuál es el mejor recurso que se tiene? Y alrededor del mundo ha habido este tipo de registros, técnicamente un registro es relacionar un número de teléfono con una persona, eso es lo que ocurre alrededor del mundo y eso está en todos los países donde los que han tenido oportunidad ir a otro lado les piden un pasaporte para comprar un chip, les piden la tarjeta de identificación.
En el caso de México, también se prevé que haya una validación biométrica, es decir, saber que, si Arturo Robles se presenta con una identificación y pone, por ejemplo, un dato biométrico, que es la huella, que efectivamente, esa huella es de esta persona para que no haya robos de identidad.
Pero más allá de eso, lo que prevé la ley es que haya unos lineamientos en los cuales, que tiene que desarrollar el IFT, en los cuales se prevea cómo se van a resguardar, cómo se van a solicitar estos datos, todos los datos, y cómo debe ser esta línea de resguardo para que siempre estén seguros.
En esto, el Instituto será muy consciente de todas las preocupaciones legítimas que tiene las asociaciones civiles, los usuarios, para que no haya forma de que estos datos puedan filtrarse ni utilizarse de otra forma, salvo para hacer esto que te mencionaba: la relación de un número de teléfono con una persona, tal cual como lo tiene ahora todos los usuarios que tienen pospago, esto no lo tienen los de prepago, pero sí todos los de pospago sabes a nombre de quien está registrado.
En este caso específico, lo que se busca es que esto tenga un resguardo y para eso obviamente se requiere presupuesto, y mientras, no haya una decisión de la Corte para que esto no avance, nosotros seguiremos trabajando y lo podremos a consulta pública estos lineamientos para que la ciudadanía esté segura de lo que se va a pedir, cómo se va a pedir, y cómo debería o dónde se debería de fijar cada una de las personas en hacerlo, para estos lineamientos que sean garantistas y que no violen estos derechos.
ÓSCAR MARIO BETETA: Tenemos dos minutitos, ya estamos al final, y me gustaría retomar el tema con usted la próxima semana, si lo acepta, señor Comisionado, pero a ver, a manera de resumen, hablamos con el señor Subsecretario de Seguridad Nacional, que es al parecer el autor de esta iniciativa, a manera de resumen, repito, dentro de este padrón de datos biométricos, sería huellas dactilares y, sí, pero rostro e iris no, porque entonces podría conducir a una especie de Big Brother por parte del Estado.
ARTURO ROBLES: Esto todavía está determinado como lo dice la propia ley, el Instituto es quien va a decidir cuáles…
ÓSCAR MARIO BETETA: Pero sería, perdón, para evitar lo de Big Brother sería ni rostro ni iris, si quieres huellas dactilares va porque esto sí, pues se sabe quién compra el chip o la tarjeta, lo que sea, pero no te vayas al extremo del rostro y de iris.
ARTURO ROBLES: Esto vendría en los lineamientos, todavía no están…
ÓSCAR MARIO BETETA: No, ¿pero usted estaría de acuerdo con eso? Usted.
ARTURO ROBLES: Ah, bueno, una opinión personal, y obviamente no estamos buscando esa parte, creo que podría ser suficiente con una validación dactilar, creo que podría ser suficiente, e insisto, esta es una decisión que se tiene que tomar en el Pleno, en el Instituto, y ahí, pero creemos que existe la tecnología, como ya se hace, para que una huella dactilar podría ser válida.
ÓSCAR MARIO BETETA: Pero digamos, perdón que insista, aceptable hasta huellas dactilares, ¿ni rostro ni iris, señor Comisionado?
ARTURO ROBLES: Sí, lo que está presentando, la tecnología permite hacerlo, bastaría con una huella dactilar.
ÓSCAR MARIO BETETA: Bien, señor Comisionado, pues si tiene tiempo cuando nos diga, será muy interesante retomar este tema. Yo agradezco mucho al doctor Arturo Robles Robalo, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su disposición para con este espacio, gracias, Comisionado.
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Entrevista del Comisionado Sóstenes Díaz a Enfoque Segunda Emisión. Tema: Controversia Constitucional
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, CONDUCTORA: Sostenes Díaz González, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, buenas tardes.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ, COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: Buenas tardes, Adriana, un gusto saludarte.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Igualmente, comentaba con el auditorio que teníamos semanas esperando alguna respuesta por parte del IFT a la controversia constitucional, perdón, por el decreto por el que se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y ustedes entonces interponen una controversia constitucional. Por favor, Sóstenes, ¿nos quieres decir por qué?
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, con todo gusto. Como recordarás, el pasado 16 abril 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación unas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente tiene el propósito de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ahora se conoce como PANAUT, el cual deberá estar a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
De la revisión que se llevó internamente en el Instituto se determinó el día de ayer y se aprobó de esta manera por unanimidad en el Pleno, que se debía promover una controversia constitucional.
Esta controversia se promueve principalmente por dos motivos. El primero de ellos es porque se considera que este decreto contiene elementos que se contraponen al mandato constitucional del IFT, esto es de garantizar los derechos a que se adquieren en los artículos sexto y séptimo constitucionales.
Como recordaremos, los servicios de telecomunicaciones se consideran servicios públicos de interés general y esa es la obligación del Instituto, garantizar su prestación de los mismos.
Entonces, para darte un ejemplo, en esta reforma a la ley viene un artículo cuarto, un artículo cuarto transitorio donde dispone que será el Instituto quien solicite a los operadores la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Y no piensan hacerlo, ni tampoco disponer del dinero que tienen de su presupuesto. Aunque en la Cámara de Diputados hablaba del ejercicio fiscal de este año, pero o sea primero que nada es el tema constitucional.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Así es, nosotros tenemos que cumplir con la ley, por eso es que nosotros estamos promoviendo la controversia constitucional. Si la Corte nos da la razón seguiremos por el camino que creemos que es correcto, pero sino, de todos modos, tenemos que darle cumplimiento a la ley. Lo que nosotros creemos es que es una contradicción el que se nos obligue a nosotros a desconectar los usuarios, cuando nuestra obligación constitucional es garantizar el derecho de acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones.
Y sí, el otro punto que mencionas es correcto, nosotros tenemos un presupuesto que fue aprobado para este año que contempla solamente las actividades que fueron remitidas por el Instituto a la Cámara de Diputados, al Congreso, donde no estaba la creación de este registro y donde no tenemos dinero para llevarlo a cabo.
El Instituto ya tiene un recorte en términos reales del presupuesto de aproximadamente 40% en relación a los primeros presupuestos de cuando se creó, entonces ya estamos bastante recortados y efectivamente no tenemos el dinero para llevar a cabo este registro.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Porque decían que, con cargo a su presupuesto, o sea a veces es que es una controversia constitucional tras otra en uno y en otro, y en otro tema que se me hace una perdedera de tiempo, porque esto si los legisladores hicieran bien su trabajo pues no estaríamos hablando de esto ahorita, porque o son tan ignorantes o no les importa la violación de la Constitución.
Esta controversia constitucional que ustedes han presentado de todo el Pleno del IFT contra las disposiciones de este decreto de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pues lo más seguro es que prospere, que ustedes tengan razón, por lo que nos estás exponiendo, porque están basándose ustedes en la Constitución, no en decisiones tomadas en Palacio Nacional. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que sepamos, una vez que han presentado, que han interpuesto esta controversia?
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Bien, ahorita lo que sucedió es que el área jurídica del Instituto está trabajando la controversia, lo que se aprobó el día de ayer fue la presentación, se tendrá que presentar en los plazos que tenemos para ello. Una vez que se presente tenemos que ver, esperar que la Corte la admita y esperamos que nos den la suspensión y después que se resuelva el fondo del asunto, entonces tendremos que esperar los tiempos de la Corte.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Sí, claro, y toma tiempo porque tienen mucho trabajo, gracias a tantas controversias constitucionales que diversos actores han tenido que interponer. Esto significaría, si ganamos, dijo ganamos, porque el IFT es un organismo autónomo, si ganamos en esta controversia constitucional, ¿ganamos los mexicanos, pero también ganamos los usuarios de telefonía móvil?
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, claro, porque en principio se evitaría la desconexión y si en el agregado se dice que no es procedente el registro, no tendríamos que llevar a cabo ningún registro de las líneas telefónicas de prepago.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Nada más una última pregunta, a menos que quieras agregar algo, Comisionado del Ifetel, Sóstenes Díaz González, ¿por qué se tardaron tanto en presentar la controversia? Esperábamos escuchar algo de parte de ustedes.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Estábamos haciendo el análisis detallado de lo que se publicó, y la controversia se está presentando dentro de los tiempos, entonces, no porque se presente al día siguiente mejor, entonces nosotros lo hemos analizado detalladamente, porque tenemos que comprobar y demostrar que se están invadiendo nuestras facultades, entonces después del análisis es lo que hemos concluido, que las facultades del Instituto se están invadiendo y por lo tanto procede presentar la controversia constitucional.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Bien, bueno, decía por último en este tema, pero hay otro asunto importante por favor, Sóstenes, otro tema de la Suprema Corte de Justicia también, que confirmó la decisión de un juez federal de dejar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea de ustedes, la facultad de fijar lineamientos a las empresas de radio y televisión para que se protejan los derechos de las audiencias, ¿qué nos puedes decir al respecto, Sóstenes?
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, efectivamente, también ayer la Suprema Corte otorgó un amparo para que regresen al Instituto las facultades para determinar los derechos de las audiencias, ahorita lo que procede es que el Congreso modifique la ley en ese sentido, y una vez que se modifique el Instituto, el pleno tendrá que trabajar en el proyecto para emitir esos lineamientos de derechos de las audiencias.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: O sea, ustedes tienen facultades para imponer a los concesionarios de radio y televisión lineamientos que protejan los derechos de las audiencias, ¿piensan ejercer esas facultades?
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Se tendría que modificar, entiendo que tiene que haber una modificación a la ley primero por parte del Congreso, tiene que ir ese asunto tiene que ir al Congreso, y una vez que se modifique la ley entonces ya estaría en manos del Instituto emitir esos lineamientos.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Sí, o sea, el Congreso debiera derogar este artículo.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, y después ya el Instituto tendría que emitir los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Porque así venía siendo en muchos años, cada medio crea su propio código de ética, sin que tengan que ser revisados por ninguna autoridad, es correcto.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Así es.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Y entonces con este tema en la Suprema Corte de Justicia se invertiría el papel, tendría que ser impuesto el código de ética y revisado por alguna autoridad, o sea por ustedes.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Lo que nosotros emitiríamos son lineamientos, es decir, directrices generales para este tipo de temas, inclusive ya se habían emitido en alguna ocasión, en este caso tendríamos que mirar si ese tipo de lineamientos sigue vigente o se tiene que emitir otro tipo.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: O sea que más trabajo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿y tú qué opinas, Sóstenes Díaz, de este tema, como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones?
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Mira, como es un tema que eventualmente tengo que votar no me puedo pronunciar al respecto, estoy impedido por ley.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Y entonces no puedes agregar algo más al respecto, como comprenderán, todos los medios de comunicación estamos inquietos por esta decisión de la Suprema Corte, lo que vaya a hacer la Cámara de Diputados y lo que vaya a hacer el IFT también.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Lo que nosotros tratamos de hacer son siempre lineamientos en términos muy generales y tratar de ser lo menos intrusivos posible, entonces eso es lo que entiendo que se buscará en su momento, pero por el momento no me podría pronunciar con más detalle.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Pues sí, ya lo entiendo, te puedo insistir toda la tarde, pero me vas a seguir respondiendo lo mismo. O sea, esperemos, primero se le ordena al Congreso que derogue ese artículo que otorgaba a los medios la facultad de crear los propios códigos de ética sin que fueran revisados por ninguna autoridad, esperemos entonces qué hace primero el Congreso.
SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, tendríamos que esperar primero que nos notifiquen oficialmente la sentencia, revisar esta sentencia, ver lo que tiene que hacer el Congreso, y finalmente ver lo que tenemos que hacer nosotros, Adriana.
ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Bueno, Sóstenes Díaz, muchísimas gracias por la entrevista, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como siempre muchas gracias.
