Instituto Federal de Telecomunicaciones

Desde la segunda mitad del siglo XX, la acelerada evolución tecnológica ha transformado la naturaleza de las actividades económicas, colocando al acceso a la información, al conocimiento y a la prestación de servicios de comunicación a distancia como poderosos catalizadores para incrementar la eficiencia de los mercados y mejorar el bienestar de la población.

Como ejemplos de la contribución de las telecomunicaciones y radiodifusión a la mejora de la calidad de vida de las personas, destaca lo siguiente: i) los servicios de educación y salud a distancia, que tienen una injerencia directa en el desarrollo de capacidades humanas y en la esperanza de vida de las personas; ii) la participación ciudadana mediante el acceso a contenidos e intercambio de información en línea, que promueve la consolidación democrática; iii) el comercio electrónico, que facilita el consumo de bienes y servicios por parte de la población; iv) la banca electrónica, que amplía el acceso a los servicios financieros, y v) el gobierno electrónico, que involucra a los ciudadanos en la gestión pública y facilita el acceso a la impartición de justicia, entre muchas otras aplicaciones.

Los ejemplos anteriores requieren del acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión y benefician a la población en su conjunto, particularmente a la población de menores ingresos. También favorecen la calidad de vida de las comunidades indígenas, mejoran la equidad de género y apoyan a las personas con alguna limitación cognitiva o física.

No obstante, en México aún existen brechas profundas por cerrar, como son las bajas tasas de crecimiento y penetración de los servicios de telecomunicaciones. Así lo ha señalado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) al indicar que “La ineficiencia en el mercado de las telecomunicaciones impone un costo considerable a la economía mexicana y al bienestar de su población. El sector de las telecomunicaciones en México se caracteriza por altos precios… los precios se encuentran entre los más elevados de la OCDE, y la penetración de los servicios de telecomunicación, tanto fijos como móviles es de las menores de la organización… Asimismo el desarrollo y la penetración de la banda ancha se encuentran desde hace mucho entre los más endebles… El escaso desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en México se debe en gran parte a la falta de competencia efectiva y a la consiguiente alta concentración del mercado, lo que a su vez tiene consecuencias para los consumidores, pues da lugar a un menor consumo como resultado de los altos precios en toda la gama de servicios de telecomunicaciones. Esto se traduce en una pérdida significativa del bienestar social de los mexicanos”.

Debido a lo anterior y bajo un contexto donde los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han crecido por debajo de su potencial, el Estado mexicano tomó la decisión de transformar el marco jurídico mediante una reforma constitucional en la materia, la cual representa una oportunidad histórica para garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento.

La transformación del marco constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ha generado expectativas de profundos cambios, ya que ahora éstas son consideradas como servicios públicos de interés general. Así, el Estado debe garantizar por un lado, que los servicios públicos de telecomunicaciones se ofrezcan en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias; y por otro lado, que los servicios públicos de radiodifusión se ofrezcan en condiciones de competencia y calidad, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional.

Es por ello que en el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones” (Decreto), se incluye la obligación a cargo del Estado de tutelar los derechos de:

• Libre acceso a información plural y oportuna.
• Buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
• Acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TICs).
• Acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

 De igual manera, la reforma da origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como un órgano con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), y con atribuciones exclusivas en materia de competencia económica para dichos sectores.

En este sentido, el Programa Anual de Trabajo 2014 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Programa) incluye una descripción de los objetivos institucionales y los proyectos que se consideran relevantes para desarrollarse durante el presente año. Además, este Programa permitirá contribuir con los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018, y demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

El Programa refleja la necesidad de fomentar la pluralidad de los medios y la diversidad de contenidos con proyectos como la licitación de concesiones de frecuencias para formar dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, los lineamientos generales en materia de retransmisión de señales de televisión, así como el establecimiento de límites a la concentración y propiedad cruzada de medios.

También resulta indispensable fomentar el acceso universal a los servicios públicos de telecomunicaciones mediante el despliegue de mayor infraestructura. Por ello, es necesario coordinarse con el Ejecutivo Federal para desplegar la Red Pública Compartida de Telecomunicaciones, y realizar las acciones conducentes para la construcción y crecimiento de una red troncal robusta de telecomunicaciones de cobertura nacional.

Destaca la importancia de la protección de los derechos de los usuarios y de las audiencias como una de las principales razones que justifican las acciones del Instituto. Por lo anterior, se ejecutarán proyectos específicos dirigidos a promover la mejora en la calidad de los servicios de telecomunicaciones, así como la pluralidad de los contenidos de radio y televisión.

Además, para asegurar las condiciones en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, es fundamental regular y supervisar en forma eficaz y oportuna el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de gran valor social como el espectro radioeléctrico, ya que éste constituye un medio de transmisión esencial para la prestación de dichos servicios. En consecuencia, se realizarán proyectos como la identificación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico susceptibles de licitación y la segunda etapa de modernización de la Red Nacional de Radiomonitoreo.

Lograr el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión requiere de un regulador eficaz, imparcial y transparente. Razón por la cual el proyecto de rediseño institucional busca establecer un nuevo modelo organizacional que responda a la naturaleza y atribuciones conferidas al Instituto.

Cada uno de los proyectos del Programa tiene como finalidad última, contribuir a la implementación de un modelo de desarrollo basado en la conectividad y en la adopción de tecnologías digitales, donde la población tenga acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, dispositivos terminales, habilidades, contenidos y aplicaciones para mejorar su calidad de vida.

Bajo esta lógica se presenta el Programa Anual de Trabajo 2014 de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.